El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho hoy (19 de mayo de 2010) que subirá los impuestos a los ricos. Como eso no lo puede hacer efectivo hasta enero de 2011 (cuando entre en vigor la Ley de Presupuestos del Estado) el decirlo hoy no tiene otro sentido que contrarrestar en la medida de lo posible el efecto negativo que se está dando en las encuestas de intención de voto.
Con la excusa de las políticas sociales o de izquierdas, Zapatero ha estado gobernando durante todo su mandato con la encuesta de intención de voto en la mano... y no va a dejar de hacerlo.
Una vez sumidos en la crisis, nos encontramos en un momento en el que hace falta un gobernante cuyas decisiones no puedan hipotecarse en función de su impopularidad.
De forma razonable, cada lector tendrá sus preferencias ideológicas. Una predilección que también suele afectar a los creadores de opinión –columnistas y tertulianos–, casi siempre empeñados en defender esta o aquella bandera política. Y es que, aunque no sea correcto generalizar, la prensa funciona demasiadas veces en clave propagandística.
Ahora bien, cabe analizar esta difícil coyuntura sin caer en los prejuicios. Es decir: pensando en el porvenir colectivo y no en las siglas.
Si abordamos la cuestión desde un punto de vista instrumental, Zapatero debería dimitir y dejar paso a otro. Alguien que se atreva a hacer lo que se debe hacer en circunstancias tan complejas como las actuales.
Sin embargo, nuestro país no puede perder ni el tiempo ni los recursos para convocar unas elecciones anticipadas.
La fanfarria de una campaña electoral, con la que está cayendo, aumentaría el déficit de forma salvaje.
La única solución, que es constitucional y que está prevista por la ley, es que el presidente del Gobierno dimita sin convocar elecciones y, tras una ronda de consultas, el Rey encargue la formación de gobierno a otra persona.
El dilema es quién.
La derecha, la izquierda y la tercera vía
En el Partido Socialista hay (y desde luego había) gente muy capaz que hubiera manejado las riendas del país de una manera muy diferente. Por desgracia, la camarilla de sicofantes de la que vive rodeado el líder los ha alejado de la escena política.
Seamos realistas. Con esos personajes en la dirección del partido, sería inimaginable que ofrecieran a Joaquín Almunia –buen ejemplo de los políticos de talento que hoy relega el PSOE dentro de sus filas– la posibilidad de formar gobierno.
Por otra parte, Mariano Rajoy, líder del centro-derecha que representa el PP, tampoco puede asumir la formación de un gobierno.
Es imposible que Rajoy lograra una mayoría en el parlamento, incluso aunque tuviera el apoyo de los nacionalistas. Además, continúa teniendo ciertos problemas dentro de su partido.
En un mundo ideal, y aunque muchos opinen que sus programas son demasiado dispares, lo lógico sería que PP y PSOE asumieran juntos la tarea de gobernar.
Sin embargo, ambos partidos llevan demasiado tiempo de confrontación como para que su electorado entienda que apoya y asume las políticas o las decisiones del adversario.
En una situación como la que planteo, ambos partidos tendrían en mente las elecciones, y todas sus decisiones estarían condicionadas por la búsqueda de un resultado electoral. Aparentemente, todas las fuerzas políticas estarían en la misma situación, pero hay una que no.
Alejado siempre de los extremismos, Josep Antoni Duran i Lleida ha demostrado su eficacia como presidente de la Comisión permanente de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, y no sorprende que, en casi todas las encuestas, figure como el político mejor valorado por los españoles.
Duran i Lleida sabe que no ganará las elecciones nacionales dentro de dos años.
Además, su partido, Convergència i Unió (CiU), es la única fuerza política que ha gobernado con los dos partidos mayoritarios, y que durante esta legislatura y la anterior ha demostrado que puede dialogar y pactar con ambos.
De hecho, las únicas ideas razonables que Zapatero ha introducido en el debate político se las ha copiado a Duran i Lleida.
En la actualidad, y aunque la prensa sólo convierta en titulares sus declaraciones de afirmación nacionalista, el único grupo que se atreve a presentar propuestas detalladas sobre la crisis es CiU.
PP y PSOE debieran estar encantados de que otro partido asumiera el penoso reto de sacarnos de la crisis. Mientras tanto, podrían recomponen sus estrategias para la contienda electoral dentro de dos años, cuando el chaparrón esté comenzando a escampar.
Su única misión sería proporcionar personas relevantes de sus partidos para componer un gabinete, y prestar apoyo incondicional en el Congreso y en el Senado a las leyes y decretos que el Gobierno produzca.
Es evidente que CiU saldría reforzadísima en Cataluña y que cualquiera de los dos partidos tendría que contar con dicha formación en la siguiente legislatura si quiere gobernar a nivel nacional.
Pero es que eso, hoy en día, ya es así, por lo que la popularidad adicional que le daría la responsabilidad de Gobierno nacional no debe asumirse de forma negativa por los otros partidos.
Falta por saber si el resto de España puede aceptar que un nacionalista catalán sea presidente del Gobierno. Esta sería una demostración de cuánto ha madurado nuestra democracia.
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